La subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta, desestimó las denuncias de la candidata presidencial Evelyn Matthei, respecto que en el sector de vivienda existen “cifras fiscales mentirosas” o “contratos que se estén pateando para el próximo Gobierno”.

Además, aseguró que el Plan de Emergencia Habitacional no está en riesgo.

“Puede haber descalces temporales, pero no hay ni quiebras ni irregularidades respecto de los pagos”, aseguró en entrevista con radio Sonar, poniendo paños fríos a las acusaciones de la exalcaldesa de Providencia en la víspera de la presentación de la Ley de Presupuestos.

“Nuestro enfoque siempre ha sido ser bien transparente con esto. Yo misma he tenido muchas reuniones con las empresas y lo que hemos hecho acá es poder tener una mayor responsabilidad en el uso de los recursos”, aclaró.

Y comentó que más que una mesa puntual ahora, están hace meses “trabajando con la Dirección de Presupuestos y es muy normal estar haciendo reasignaciones presupuestarias”.

“Entonces, hoy día, donde tenemos mayor concentración de esta necesidad de recursos en la región Metropolitana, estamos trayendo de otras regiones”, detalló.

Asimismo, la autoridad descartó que exista un traspaso de deuda al próximo Gobierno.

“Eso que dice la candidata Evelyn Matthei respecto de que el Gobierno está chuteando pagos para la próxima administración es algo que ocurre frecuentemente. O sea, te quedan los proyectos de fin de año y que se pagan con el año siguiente, pero en ningún caso estamos traspasando una deuda», explicó. “Son proyectos que van a quedar en ejecución”, añadió.

“Nosotros tenemos proyectos en ejecución y la inversión pública, en Chile los presupuestos son anuales, pero por vocación la inversión pública es plurianual. Nada se ejecuta en el año calendario”, sostuvo.

En este sentido, apuntó que, los descalces “tienen que quedar solucionados de aquí a fin de año respecto al ejercicio presupuestario nuestro y respecto de lo que va a reconocer también de acuerdo a la producción que vamos a tener el Presupuesto 2026″.

La entrega de viviendas, indicó, no está en juego “en ningún caso”.

“Hemos tenido estos descalces, hoy día estamos en este trabajo con la Dipres, hemos reinyectado, reorganizado el presupuesto porque hay comportamientos donde en el marco del Plan de Emergencia se aceleraron muchas obras (…) eso por supuesto que presiona la caja, porque algo que yo tengo programado en pagar en 12, 18 meses, lo hago en 8 meses, lo hago en 6 meses y eso ha producido también un desfase ahí”, explicó.

Sin embargo, indicó, “hoy día en ningún caso el Plan de Emergencia está en riesgo”.

“Eso está hoy día financiado, está en ejecución, y lo importante es mirar esto con altura de mira: si uno mira, la producción de vivienda en el periodo va a nacer del orden de 400.000 viviendas si uno toma lo terminado, lo que está en ejecución y lo que está por iniciar”, afirmó.

PURANOTICIA

Dos representantes de Chile Vamos criticaron al Presidente Gabriel Boric luego de que valorara la condena contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien fue sentenciado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

El Jefe de Estado utilizó su cuenta de X para expresar «mis respetos a la democracia Brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre».

En radio Cooperativa, Cristián Monckeberg (RN) y Máximo Pavez (UDI) acusaron al Presidente de actuar como «jefe de barra» o «dirigente estudiantil».

El exsubsecretario de la Segpres manifestó que le gustaría conocer el fallo en su totalidad ya que «esto es imposible no asociarlo con el lawfare, deshacerse de enemigos políticos a través de juicios«.

Agregó que, «creo que el Presidente Boric se equivoca porque politiza la situación de una circunstancia judicial de Brasil con la retórica de jefe de barra o dirigente estudiantil. Parece que lo que le gusta es que hay un adversario político que va a ser privado de libertad. El Presidente Boric actuó mal. Estos delitos son asociados a procesos políticos y son complejos».

«Tampoco creo que sea bueno lo que hace Estados Unidos de amenazar con subir aranceles por este tema en Brasil. Estamos retrocediendo en procesos institucionales», complementó.

Por su parte, el expresidente de Renovación Nacional indicó que «quienes están hoy en una posición política importante como los candidatos, no me parece que se pronuncien. Sería cauto. La misma cautela que debiera tener el Presidente Boric«.

«Más allá de donde están tus corazones y tus amistades, hay que ser cautos. Uno no puede convertirse en jefe de barra. Yo no metería la cuchara y sería más cauto«, sumó.

Finalmente, expuso que «el Presidente debería bajar un cambio. ¿Qué pasa si finalmente no se cumple esta condena? Recuerdo que el presidente Lula fue condenado y privado de libertad, en una celda y se habló de injusticia respecto de su condena por delitos de corrupción. Se argumentó que lo que se buscaba era sacarlo de la carrera presidencial y eso permitió que se le despejara el camino a Bolsonaro. Y volvió Lula a ser presidente».

PURANOTICIA

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se refirió a la discusión en el Congreso de la Ley de Seguridad Municipal.

“Nosotros creemos que igual ha tenido una discusión, o sea, ha sido un tiempo demasiado largo, que los municipios requieren y necesitan que salga este proyecto por razones fundamentales”, aseguró en conversación con radio Duna.

Y agregó que “el Gobierno le puso discusión inmediata hace mucho tiempo a este proyecto, por lo tanto, tiene prioridad para ser revisado tanto por las comisiones y otro. Ahora, tiene particularidades que requieren también de discusiones que son profundas, digamos”.

Consultada sobre cuando podría ser despachada, la subsecretaria comentó que “tuvimos sesión ayer, tuvimos sesión el día lunes, tenemos sesión ahora antes del 18, otra sesión más. Yo esperaría que pudiéramos sacar el proyecto al menos desde la comisión para llevarlo a la otra comisión, hay que llevarlo a la Comisión de Hacienda y luego de ello a la sala del Senado”.

“La verdad es que lleva harto tiempo y nosotros le hemos puesto toda la prioridad y yo le he puesto todo, yo he ido a todas las comisiones y todas las cosas que nos han solicitado los parlamentarios las hemos llevado en el tiempo que nos lo han pedido”, apuntó.

La autoridad, además, abordó una de las discusiones que se ha tomado el debate de la ley, respecto a si las cámaras de seguridad controladas por la municipalidad deben registrar audio.

“El Gobierno ha sido claro en esto, lo planteamos ayer en la comisión, de que nosotros creemos que las cámaras solo deben grabar imágenes”, señaló y agregó que “estamos hablando de cámaras gestionadas por funcionarios municipales, que quede claro, no por Carabineros”.

“En este caso, creemos que solo debieran grabar imágenes y el sonido, nosotros habíamos puesto en una indicación, en el texto, que fue el que salió aprobado desde las comisiones unidas, y era que los sonidos se utilizaran solo para generar alertas”, comentó.

Respecto a si grabar audio atenta contra las libertades constitucionales y la posibilidad de solicitar reserva de constitucionalidad frente a este tema, Leitao apuntó que “en este caso no lo hemos hecho, sino que más bien solicitamos a la comisión revisar este tema”.

“Lo que me preocupa a mí es que ya habíamos aprobado un texto con las comisiones unidas, bueno, ahora estamos en la Comisión de Seguridad, los parlamentarios quieren volver a revisar y presentar una indicación para modificar esto, nosotros no estamos de acuerdo, lo planteamos así en la comisión, y bueno, esperamos que lleguemos a una solución”, detalló.

Para cerrar, la subsecretaria de Prevención del Delito comentó que “una cosa es entregar atribuciones a los funcionarios, tener mejores facultades, pero yo creo que hay límites que hay que resguardar”.

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La Superintendencia de Salud ordenó a las Isapres ampliar la cobertura de la consulta con nutricionista, que hoy sólo se aplica en caso de sobrepeso u obesidad a cualquier tipo de trastorno alimentario que presenten las personas a afiliadas a dichas instituciones de salud.

El anuncio fue realizado este martes por el Superintendente de Salud, Víctor Torres, quien a través de una declaración informó: «Emitimos una resolución que desde el día de hoy, obliga a las Isapres a dar cobertura a la consulta con un nutricionista en caso de cualquier trastorno alimenticio y no como en la actualidad en que la normativa establecía que ello se bonificaba exclusivamente a las personas que tienen sobrepeso u obesidad según lo determinado por el Índice de Masa Corporal, IMC».

El jefe de la entidad explicó que “de esta manera logramos que una serie de problemas de salud de igual o incluso mayor relevancia sanitaria tengan cobertura en las Isapres, como es el caso de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), entre ellos la anorexia nerviosa y la bulimia, que afectan principalmente a adolescentes».

El superintendente añadió que “también se agregan a la cobertura a los problemas asociados a la desnutrición en adultos mayores«, dijo.

“La resolución se fundamenta en las necesidades sanitarias detectadas en el país. Según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, el 27,6% de la población chilena presenta sospecha de hipertensión arterial y el 12,3% padece Diabetes Mellitus tipo 2, patologías que requieren manejo nutricional incluso en ausencia de sobrepeso. Beneficios concretos para afiliados Con esta decisión, todos los beneficiarios de Isapres tendrán acceso a consultas nutricionales, sin importar su IMC”, agrega la declaración.

Esto incluye a quienes enfrenten trastornos de la conducta alimentaria, adultos mayores con desnutrición, o personas que vivan con enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes que exigen asesoramiento nutricional.

Además, la autoridad destacó que la medida «elimina una barrera injustificada que impedía a muchas personas acceder a la atención nutricional necesaria, promoviendo la igualdad de acceso a los servicios de salud para todos los ciudadanos«.

Finalmente, la resolución se alinea con la actualización que recientemente realizó Fonasa en la materia, lo “que asegura un tratamiento coherente en todo el sistema de salud en relación con la cobertura de consultas con nutricionistas”.

(Imagen: Superintendencia de Salud)

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Más de 300 efectivos de Carabineros y la PDI participan en un amplio operativo en el sector de la Vega Central y alrededores, comuna de Recoleta de la Región Metropolitana. También se están realizando acciones similares en otras ciudades del país.

Según se informó, se trata de la Operación Fortaleza, destinada a ubicar a prófugos de la justicia y migrantes en situación irregular. Estos últimos son retenidos y conducidos a un cuartel policial para verificar su situación legal.

El prefecto Óscar Bacovich, jefe nacional de Asuntos Públicos de la PDI, indicó que «es una operación en conjunto que está realizando la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile a nivel nacional, y que el día de hoy, principalmente, se enmarca en lo que es la fiscalización de extranjeros«.

Hasta el momento se han registrado algunas personas con situación migrante irregular y otras que han sido sorprendidas portando pequeñas cantidades de droga, al parecer destinadas a consumo personal. De todas formas, han sido conducidas a cuarteles policiales.

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La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, abordó las recomendaciones en de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público.

En conversación con Tele13 Radio, Martínez destacó que “el trabajo de la comisión nosotros lo valoramos bastante, porque le da concretitud o materialidad a esto de dónde se puede ajustar o contener el gasto público. También lo que hace es cuantificar estas medidas y aclarar cuáles son de corto y mediano plazo”.

“Según el propio cronograma de la comisión, hay algunas que efectivamente son de carácter más administrativo o que se pueden revisar en cada uno de los presupuestos anualmente, y otros que necesitan proyectos de ley y que el impacto que la comisión estima es al 2027, 2028, más adelante”, detalló.

En cuanto al proyecto de Ley de Presupuestos de 2026, la directora de Presupuestos ha afirmado que van a cumplir con la meta de -1,1% como déficit estructural y que “eso significa que uno tiene que seguir haciendo esfuerzos de convergencia fiscal para aquello. Por eso yo no lo calificaría de austero o no, sino que un presupuesto responsable fiscalmente”.

Al ser consulta sobre si considera que el país es capaz de lograr un acuerdo real para mantener la disciplina fiscal, Martínez replicó que “estoy muy convencida de aquello, en el sentido de que nosotros como país siempre hemos estado a la vanguardia de la institucionalidad fiscal. En agosto de 2024, el Gobierno promulgó una ley que renovó la institucionalidad fiscal, la actualizó”.

“si hoy día estamos hablando si un Gobierno se desvía o no del déficit fiscal, es un tema que está en la opinión pública porque la rendición de cuentas que tenemos que hacer es mucho más alta de la que se hacía antes. Hay varios años anteriores donde la regla fiscal no se ha cumplido, pero ahora hay que ir al Congreso, hay que proponer acciones correctivas y eso es toda una institucionalidad nueva que este Gobierno insistió en el Congreso por tenerla, y que creo que nos hace bien como país”, añadió.

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El senador socialista José Miguel Insulza respondió de forma tajante al llamado del candidato presidencial José Antonio Kast a colaborar con su eventual gobierno. En una entrevista con Radio Duna, Insulza desestimó la idea de que Kast pueda encontrar apoyo en el Partido Socialista (PS), asegurando que no hay nadie en su colectividad dispuesto a negociar con él.

Las declaraciones del parlamentario se producen luego de que Kast manifestara su intención de convocar a «patriotas» de diversas tiendas políticas, incluyendo a miembros del PS y del PPD. El líder republicano había señalado entender que a algunos «les dolería a la guata gobernar con nosotros».

Insulza fue más allá de la mera negativa, criticando la viabilidad del proyecto de Kast y la forma en que se ha planteado la discusión. El senador le sugirió al candidato dejar de lado las frases «un poco estridentes» y enfocarse en su propia campaña.

En cuanto a la posibilidad de acuerdos legislativos, Insulza distinguió entre las leyes «obvias», que suelen votarse por unanimidad, y «las cosas sustantivas», para las que no ve «ningún acuerdo posible». Concluyó enfáticamente que «de ninguna manera» el PS apoyaría a Kast, y que ningún militante podría «participar en el gobierno de Kast y seguir siendo miembro de ese partido». El cruce de declaraciones subraya la profunda polarización que caracteriza el escenario político en Chile.

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Cuatro funcionarios de Carabineros resultaron heridos tras ser atacados por una turba en la comuna de Talagante. El incidente ocurrió cerca de las 20 horas de este lunes en la calle Monseñor Larraín, cuando los oficiales respondían a un llamado de auxilio de una familia que estaba siendo amenazada de muerte y con daños en su vivienda.

Según el Coronel Jorge Hidalgo, los uniformados «concurrió a un sector de la comuna a prestar auxilio ante un llamado de una familia que estaba siendo amenazada de muerte, le estaban dañando su domicilio». Los agentes lograron ingresar al inmueble para proteger a los afectados, pero una multitud de personas impidió su salida y comenzó a arrojar «elementos contundentes» tanto a los policías como a las víctimas.

Producto de la violenta agresión, cuatro funcionarios policiales sufrieron lesiones. Uno de ellos tuvo un corte en la cabeza, mientras que el resto presentó policontusiones. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital de Carabineros para recibir atención médica.

El coronel Hidalgo explicó que la agresión podría estar vinculada a una denuncia por un presunto «abuso sexual» ocurrido hace algunos meses. La policía había acogido la acusación en su momento. Este ataque subraya el riesgo al que se enfrentan las fuerzas de orden al intentar proteger a la ciudadanía en situaciones de extrema tensión.

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La Sala de la Cámara aprobó, en general, por 114 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención, el proyecto que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, para exigir la emisión de un permiso de circulación estandarizado en todas las comunas del país.

La norma, que vuelve a la Comisión de Obras Públicas para revisar las indicaciones presentadas, establece que todas las municipalidades del país deberán emitir un permiso de circulación único y estandarizado. Esto de acuerdo a especificaciones técnicas que establecerá el respectivo reglamento.

Particularmente, el texto propone especificaciones, tanto en el formato físico, con métodos de verificación de autenticidad, como en formato digital, mediante códigos que permitan su validación en línea por las autoridades en tiempo real.

Para ello, se plantea dictar un reglamento, dentro de los seis meses posteriores a su publicación como ley, en el cual se definirán las referidas especificaciones de seguridad y autenticación.

Además, para poder transitar, los vehículos motorizados deben pagar anualmente el permiso de circulación. Este es un impuesto obligatorio cuya recaudación va a las municipalidades. Sin embargo, no existe un formato único de permiso a nivel nacional, ya que cada municipio lo emite con sus propios criterios y formatos.

Asimismo, hoy este se puede pagar por internet, imprimir y portar en el vehículo, lo que genera problemas para su fiscalización y dificulta distinguir entre documentos verdaderos y falsos.

En 2022 se emitieron más de 6,2 millones de permisos. Pero, según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), cada año se deja de percibir más de un 3% de los ingresos de permisos de circulación debido a la falsificación de los mismos.

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Una exfuncionaria de la Dirección del Trabajo denunció que fue desvinculada por mantener un perfil de contenido erótico en Arsmate. La afectada apeló mediante un recurso de reposición por presunta discriminación.

Según consigna 24 horas, Marta Álvarez ingreso a la DT por concurso público y para obtener ingresos extras comenzó a publicar imágenes en Arsmate.

La idea era obtener ingresos extras y, de paso, pagar las terapias que su hijo de 8 años. Sin embargo, todo quedó atrás cuando en su área laboral comenzaron los comentarios inapropiados y despectivos relacionados con sus tatuajes y a su manera de vestir.

«Me separé hace poco y venía con un tema de arrastre de deudas grandes económicamente, lo cual en el fondo mi sueldo no me otorgaba como para poder sacar esos compromisos«, explicó Marta Álvarez.

Pero con el paso de las semanas, parte del material que ella exhibía en la plataforma y que no es de acceso público, comenzó a circular entre compañeros de trabajo. Esta situación provocó la apertura de un sumario en su contra.

«Yo nunca me imaginé en el fondo que se me iba a abrir sumario, sino que iba a quedar en el hecho de que me pidieron informar por correo electrónico el director, pero nunca dimensioné ni me imaginé que ya se iba a abrir un sumario o tal revuelo por el tema del contenido o de lo que yo hacía en las plataformas», dijo.

Ante esa situación, Marta Álvarez apeló a su desvinculación a través de un recurso de reposición, el que aún está en curso, y que debe resolver la propia Dirección del Trabajo, aunque el caso podría incluso escalar a la corte de apelaciones de Puerto Montt.

Finalmente, aseguró que «la institución amparó un acoso y una discriminación constante hacia mi persona. Más allá del tema de las redes sociales o del contenido erótico que yo firmé o del contenido erótico que yo vendí, es el tema de qué pasa y en qué queda la conducta que hicieron mis colegas«.

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