La jornada deportiva “Activa tu Primavera”, enmarcada en la Media Maratón del Biobío, terminó marcada por la tragedia luego de que un competidor de 47 años falleciera tras completar 10 kilómetros del recorrido.

De acuerdo con los antecedentes, el corredor llegó a la meta y minutos después sufrió una descompensación. Recibió atención inmediata por parte de los equipos médicos presentes en el lugar y fue trasladado en ambulancia hasta un centro asistencial, donde finalmente perdió la vida pese a los esfuerzos del personal de salud.

El Instituto Nacional de Deportes (IND) confirmó la noticia y lamentó profundamente lo ocurrido: “Como IND, queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad deportiva, que hoy se ve profundamente afectada por esta dolorosa noticia”.

La institución recalcó además que “en todo momento se cumplieron los protocolos pertinentes para la atención y derivación del competidor, activando de manera oportuna los procedimientos establecidos para este tipo de emergencias”.

PURANOTICIA

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas que procesan centolla en la Región de Magallanes y a ocho de sus ejecutivos por haberse coludido, al menos entre los años 2012 y 2021, para fijar los precios al que compran este recurso, que extraen los pescadores artesanales de la zona.

La FNE solicitó al TDLC aplicar multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de US$ 54 millones ($ 51.870 millones) a las empresas involucradas, y de 511 UTA, casi US$ 445 mil ($ 424 millones) a los ejecutivos responsables.

La FNE acusa que, para lograr su objetivo, los representantes de las compañías se reunían presencialmente (en muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales) o se contactaban a través de llamados, correos electrónicos y WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de la centolla.

Con estos antecedentes, las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör coordinaban sus precios de compra de centolla al comienzo de la temporada, y retrasaban o contenían las alzas de precios que ocurrían durante todo el periodo extractivo del recurso que va desde julio a noviembre de cada año.

Estas empresas, entre 2017 y 2021, adquirieron entre el 81% y el 88% de la centolla viva capturada por los pescadores artesanales de la zona en el período de extracción, para luego procesarla y exportarla casi en su totalidad, siendo China, Estados Unidos y México sus principales destinos.

En su investigación, la FNE constató que, como el precio de compra de la centolla va aumentando durante la temporada de extracción, las empresas a través de esta colusión buscaban obtener un precio de inicio de temporada más bajo que el que se habría dado en un escenario competitivo y luego retrasar o contener las alzas, trasmitiéndose entre ellas una preocupación por la evolución de los precios y actuando de manera coordinada frente a los pescadores.

“Al comunicarse, las Empresas Requeridas corroboraban, por ejemplo, cuánto estaban efectivamente pagando sus competidores -para confirmar o descartar la información entregada por los proveedores-, o cuál sería su estrategia en futuras compras, neutralizando de esta forma la independencia en la toma de decisiones y la incertidumbre sobre el comportamiento de los rivales que deben existir en un entorno competitivo”, señala el requerimiento de la FNE.

La investigación da cuenta de que esta práctica generó un perjuicio a los pescadores artesanales de la Región de Magallanes que extraen este recurso, quienes recibieron menores pagos en comparación a aquellos que hubiesen percibido en un mercado competitivo sin los permanentes contactos que mantenían las empresas y personas acusadas.

Investigación

Las indagaciones de la FNE comenzaron en julio del año 2020, luego de una denuncia, utilizándose todas las herramientas que confiere la ley para perseguir la colusión. Incluso, en febrero de 2021, se otorgó el beneficio de la delación compensada a la empresa Bakkavör y a tres de sus ejecutivos, quienes confesaron su participación y la de las otras compañías en este cartel y aportaron información útil para acreditarlo.

También se contemplaron interceptaciones telefónicas a ejecutivos y allanamientos e incautaciones en dependencias de las empresas ubicadas en Porvenir, Región de Magallanes.

Lo anterior, sumado a las declaraciones prestadas por ejecutivos de las requeridas ante la FNE, en las cuales reconocieron los contactos con sus competidores y las conversaciones sobre el precio de compra de la centolla, permitió obtener contundente evidencia que acredita la conducta colusoria acusada en la presentación ante el TDLC.

El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, manifestó que “con este requerimiento, la Fiscalía reafirma su compromiso de desplegarse en cualquier rincón del país donde exista alguna infracción anticompetitiva y de perseguir con el máximo rigor las colusiones en los mercados regionales”.

En el caso de la centolla, el Fiscal destacó que “aunque hoy se exporta casi la totalidad de la centolla extraída, resulta indiscutible el daño que este comportamiento ha provocado en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales que viven de la extracción de este recurso”.

Esta acción enfocada en un mercado regional se suma a la presentada a fines de marzo de este año por la FNE en contra de un grupo de panaderos industriales de la Provincia de Iquique por haberse coludido en el mercado de elaboración y comercialización mayorista de pan que se entrega, entre otros, a almaceneros de la zona.

PURANOTICIA

La comunidad de Tromén Cinco Laureles, un sector rural de Temuco, se encuentra consternada tras un trágico hallazgo. Los cuerpos de una madre y su hijo, identificados como Carmen Nirrián (86) y Guillermo Pilquinao (48), fueron encontrados sin vida al interior de su domicilio.

El lamentable suceso quedó al descubierto después de que los encargados del sistema de Agua Potable Rural (APR) notaran la falta de pago de la cuenta de la vivienda. Esto, sumado a la ausencia de los residentes por cerca de dos meses, alertó a los vecinos.

La presidenta de la junta de vecinos, María Calfante, fue una de las primeras en ir al domicilio. «Cuando llegamos, la impresión fue de que algo pasaba porque había muchas moscas», relató la dirigenta a Radio BíoBío.

Por orden del Ministerio Público, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Legal (SML) para que se les realice la autopsia. Las pericias buscarán determinar las causas exactas y la data de los fallecimientos, un misterio que ha conmocionado a toda la comunidad.

PURANOTICIA

Un médico de 49 años ha quedado en prisión preventiva en Linares, imputado por el delito de abuso sexual agravado contra una paciente. La  medida cautelar fue ordenada por el Juzgado de Garantía luego de que la PDI presentara una serie de antecedentes, entre los que destaca la declaración del propio profesional, quien corroboró la denuncia de la víctima.

El pasado 5 de septiembre, una joven de nacionalidad chilena denunció haber sido abusada sexualmente mientras se le realizaba un examen médico en un box de atención al interior de una clínica privada en la ciudad. La denuncia dio paso a una investigación del Ministerio Público, que dispuso diversas diligencias a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI.

Según el comisario Ítalo Biaguetti, jefe de la Brisex, la indagatoria consideró entrevistas a testigos, análisis de cámaras y un estudio del sitio del suceso. En la declaración del propio médico, este «corroboró los hechos manifestados por la víctima», lo que permitió a la fiscalía solicitar la orden de detención que fue materializada por los detectives.

La fiscal Mónica Cánepa señaló que, a juicio del ente persecutor, los actos del imputado «fueron más allá de lo que implica una atención médica». En virtud de la gravedad del delito y los antecedentes reunidos, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del imputado. Se fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación.

PURANOTICIA

La Fiscalía Nacional destituyó a Rodrigo Durán, fiscal adjunto de Los Ángeles, tras un sumario administrativo que lo vinculó con el traspaso de información reservada a un estudio jurídico en el que trabajaba su esposa, Andrea Romero, defensora de imputados por narcotráfico.

El ahora expersecutor intervino en al menos dos oportunidades y entregó información específica respecto de imputados vinculados al estudio de su cónyuge.

Uno está relacionado directamente al sicario Moisés Bastardo Bastardo. El venezolano había caído en una causa por drogas contra la banda de “Los Corbata”, junto con los otros integrantes Cristián Erices González, Luis Corvalán Nova, Felipe Ortiz Bórquez y Cristofer Fernández Riquelme, según consigna radio Biobío.

En este proceso figuraban como defensoras penales privadas la esposa de Durán, la socia Susana Cortés Karmy y un tercer abogado: Daniel Stuardo Gálvez. Este último jurista, el 16 de marzo de 2022, solicitó a la fiscal que lideraba el proceso que se agendara un día para la toma de declaración de tres de los imputados: Bastardo, Ortiz y Fernández.

¿Su objetivo? Allanar el camino hacia una “colaboración eficaz” que permitiera rebajarle las penas frente a una hipotética condena. En la primera oportunidad, la persecutora desestimó la diligencia, pero 12 días más tarde el legista insistió y la fiscal accedió.

La remoción fue confirmada por el abogado defensor del ahora exfiscal Durán, José Luis Andrés, quien señaló que la drástica medida -que no comparten- había sido decidida por el fiscal Nacional, Ángel Valencia.

Esto último, luego de que en el Ministerio Público en el Biobío solo se aconsejara la sanción de la suspensión temporal del cargo.

Sin embargo, ante la gravedad de los hechos acreditados en la investigación administrativa, es que entonces el fiscal Valencia decidió la destitución de Rodrigo Durán, quien fuera el fiscal adjunto de Los Ángeles.

Eso sí, desde la Fiscalía Nacional precisaron que “hay un recurso de reposición pendiente que se debe resolver, por lo que no está firme la sanción antes indicada”.

Rodrigo Durán tiene la calidad de imputado en la arista penal desformalizada a cargo de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, que investiga delitos de cohecho y violación de secreto; entre otros.

(Imagen: Jorge Monares)

PURANOTICIA

En el Juzgado de Letras de Cabo de Hornos comenzó el lunes el juicio contra el biólogo chileno Jorge Gallardo Cerda, acusado de la violación de una científica francesa, presuntamente cometido en febrero de 2019 en las Islas Shetland del Sur, en la Antártica.

La fiscal de Magallanes, Wendoline Acuña, indicó que “hoy ha comenzado el juicio oral por un grave hecho que sucedió en la Antártica el año 2019. Se trata de un delito de violación que, en este caso, ocurrió en una expedición científica en la cual concurrieron cuatro profesionales que iban a realizar un proyecto doctoral”.

“En el marco de esta situación es que uno de los sujetos, que es el acusado, procede a atacar sexualmente a una de las científicas, que es una ciudadana extranjera, de origen europeo, quien tenía cierto grado de amistad con el imputado, quien, aprovechándose de esa situación, de las condiciones extremas, de lo inhóspito del lugar, procede a agredirla sexualmente”, añadió.

Según la acusación de la Fiscalía Regional de Magallanes, el 29 de febrero del 2019, la víctima se encontraba junto al imputado y otros dos científicos llevando a cabo una investigación en territorio antártico chileno, específicamente en la Península Byers, al extremo oeste de la Isla Livingston, en las Islas Shetland del Sur,

Víctima y victimario, que ya se conocían de una expedición previa, compartieron carpa en el campamento base y, en ese contexto, el imputado se habría aprovechado de la soledad e inhóspito del lugar para perpetrar la violación en su contra.

Tras ello, la víctima calló lo acontecido y una vez finalizada la expedición y de regreso en Santiago, se sumió en una depresión que la invalidó laboralmente, según indica la evaluación del siquiatra que la atendió.

PURANOTICIA

El Primer Tribunal Ambiental condenó al Estado de Chile por el daño ambiental provocado por vertederos ilegales en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá.

La sentencia reconoce afectaciones significativas en los sectores de Pampa Norte, Pampa Sur, Mollecita Norte y Mollecita Sur, donde se han acumulado residuos textiles, neumáticos, escombros y otros desechos desde al menos 2012.

“Se verificó que la acumulación masiva de residuos textiles, neumáticos, escombros y desechos de diversa naturaleza […] generó un deterioro evidente de la calidad y funciones del suelo, afectando su capacidad ecosistémica y contaminando extensas superficies”, señala el fallo.

La autoridad ambiental concluyó que el impacto es grave, comprometiendo “funciones ecosistémicas del suelo y la integridad visual del territorio”, en pleno Desierto de Atacama.

La demanda fue presentada en 2022 por la abogada Paulina Silva Heredia contra el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Alto Hospicio. Aunque el tribunal descartó una “falta de servicio” por parte del Municipio, sí calificó sus medidas como “insuficientes” para revertir el problema estructural.

Como consecuencia, el tribunal ordenó al Estado presentar un plan de reparación ambiental en un plazo de seis meses: “A raíz de esto, el tribunal decidió condenar al Estado a presentar un plan de reparación dentro del plazo de seis meses, conforme a lo establecido en la sentencia”, se indicó en el comunicado.

El plan deberá incluir diagnóstico inicial, retiro y manejo seguro de residuos, restauración del suelo, recuperación del paisaje y prevención de nuevos depósitos irregulares. Además, se exigirá participación ciudadana, transparencia en la ejecución y un sistema de monitoreo y seguimiento.

También deberá iniciar con un diagnóstico ambiental integral, destinado a levantar la línea base de los sitios afectados. A partir de ese diagnóstico, se ajustarán las medidas de reparación y remediación, asegurando que la ejecución responda a la caracterización específica de cada sitio, con definición de objetivos claros de limpieza, recuperación del suelo y restauración del paisaje.

Las medidas comprenderán también el cierre y contención de los depósitos de residuos, lo que incluye la delimitación y aislamiento de las áreas degradadas, control de accesos y vigilancia permanente, así como la prevención de nuevas acumulaciones ilegales. En este punto, se deberán incorporar acciones de educación y concientización ambiental dirigidas a la comunidad de Alto Hospicio e Iquique, orientadas a evitar la reproducción del problema.

El plan deberá contemplar la gestión de riesgos ambientales y la fijación de metas verificables de recolección, valorización y tratamiento de residuos textiles, junto con otras obligaciones asociadas a este tipo de pasivo. Para ello, se dispondrá de un esquema de fiscalización multisectorial y gobernanza ambiental, cuyo objetivo central será coordinar y supervisar la implementación de todas las medidas de gestión ambiental ordenadas en la sentencia, garantizando su correcta ejecución.

Finalmente, el plan deberá incluir un mecanismo de seguimiento técnico y operativo, acompañado de una estrategia de difusión pública y reportabilidad periódica, que permita al Tribunal verificar en forma continua el cumplimiento de los compromisos adoptados y evaluar los resultados alcanzados.

Esta sentencia fue dictada con el voto en contra de la ministra Sandra Álvarez, quien estuvo por rechazar íntegramente la demanda, al estimar que la demandante carecía de legitimación activa, tampoco acompañó pruebas que acreditasen los hechos imputados al Estado.

Además, la sentencia contó con el voto preventivo del ministro titular en ciencias Marcelo Hernández, quien si bien comparte la decisión de que existe daño ambiental, fue de la opinión de incluir un análisis de significancia a partir de una propuesta metodológica y un análisis multicriterio del daño alegado.

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La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó la solicitud de la Fiscalía para desaforar al gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa (Ind.-PS), y no dio lugar a la formación de causa en su contra por el delito de abuso sexual, denunciado por una funcionaria.

En fallo dividido, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Carlos Meneses Coloma (voto de minoría), Pablo Krumm de Almozara y Aída Osses Herrera– rechazó la acción impetrada por considerar que los antecedentes aportados por el ente persecutor resultaron insuficientes para justificar la existencia del delito y privarlo del fuero que lo resguarda.

“La investigación persigue dejar establecida la responsabilidad penal del Gobernador Regional por sus acciones acometidas con el uso de fuerza o intimidación, sin embargo, los antecedentes de que se ha valido el Ministerio Público para demostrar dicha particularidad factual no revelan el proceder con fuerza ni tampoco permiten advertir algún grado de intimidación atribuible a la autoridad”, señala el fallo.

“En consecuencia, (…) resultará desechada la solicitud de desafuero porque no se ha podido justificar la existencia del delito que se investiga por el Ministerio Público”, concluye.

En esta causa, el Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG), dependiente del Ministerio de la Mujer, presentó una querella en contra del gobernador Vargas.

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Una nueva incautación de droga en la frontera norte dejó al descubierto el despliegue operativo de Carabineros en zonas de difícil acceso.

En el sector de Tocorpuri, San Pedro de Atacama, se logró decomisar 408,9 kilos de marihuana, equivalentes a más de mil millones de pesos en el mercado ilícito.

El procedimiento se inició cuando personal policial detectó a un grupo de diez personas trasladando sacos por la ruta B-245. Aunque los individuos lograron huir tras varias horas de seguimiento, los funcionarios encontraron 14 sacos con 390 paquetes envueltos en cinta café, abandonados en el lugar.

El jefe de Zona de Carabineros de Antofagasta, general Cristian Montres, destacó el valor comercial del cargamento: “Corresponde a un cargamento altamente atractivo para su comercialización, que al llegar a la región Metropolitana incluso aumenta su valor”.

Desde el Gobierno, el Seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés, atribuyó el resultado al trabajo territorial de las policías, aunque reconoció desafíos persistentes: “La demanda de mayor personal y recursos es permanente, pues las condiciones en la frontera son complejas y exigen reforzar capacidades”.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, subrayó el impacto del operativo y el compromiso institucional, destacando la labor de Carabineros en la frontera, «la cual derriba el mito de que estos sectores están abandonados”.

La autoridad informó que en lo que va del año ya se han decomisado cerca de 11 toneladas de droga en la provincia, superando lo registrado en todo 2024. Además, detalló que el Gobierno ha destinado recursos para fortalecer el control fronterizo: “Se ha equipado a las policías con vehículos y tecnologías especializadas, además de avanzar en nuevos puntos de control y en la implementación de la llamada ‘Muralla Digital’, que permitirá mejorar la fiscalización”.

(Imagen: Carabineros)

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A más de cinco meses del trágico naufragio de la lancha a motor Bruma en Coronel, la Gobernación Marítima de Talcahuano informó este lunes el cierre de su Investigación Sumaria Administrativa Marítima (ISAM). El proceso, que deja a siete pescadores desaparecidos, entra en una nueva etapa en la que las partes involucradas podrán presentar sus descargos antes de un fallo final.

A través de un comunicado, la Armada de Chile señaló que el dictamen se mantendrá en carácter reservado para no entorpecer la causa penal paralela que lleva adelante la Fiscalía Regional del Biobío.

El cierre de la investigación de la Armada se da en medio de reveladores antecedentes que han reforzado la tesis de un choque en altamar. En las últimas semanas se han conocido registros de comunicaciones radiales entre embarcaciones, así como imágenes de cámaras de navegación que mostraban destellos en el mar y restos flotando la madrugada del siniestro.

Un testimonio ha sido particularmente crucial: el de Pablo Sanhueza, hijo del vigía de la embarcación Cobra. Su padre, un tripulante del buque, le confesó haber sentido «cómo se rompían tablas, como si fuera una casa», reforzando la hipótesis de que la «Bruma» fue colisionada por la nave industrial.

A más de cinco meses de la tragedia, aún no hay detenidos ni responsables identificados. Las familias de los siete pescadores desaparecidos, todos oriundos de Constitución, continúan su incansable búsqueda de justicia, con la esperanza de que el proceso penal finalmente entregue respuestas.

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