Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, manifestó la mañana de este miércoles su «profunda preocupación» tras las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto de ley sobre reglas de uso de la fuerza, asegurando que estos deberían implicar el resguardo de los «principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad y de rendición de cuentas».
En un comunicado, la directora del INDH, expresó que: «En múltiples oportunidades, el INDH ha recomendado al Estado la necesidad de regular por ley las reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Por ello, la tarea que han emprendido los poderes colegisladores en orden a contar con una ley que aborde esta materia es de la mayor relevancia».
«En conformidad a los tratados internacionales de Derechos Humanos que se encuentran reconocidos constitucionalmente es fundamental que la legislación del uso de la fuerza sea acorde con un conjunto de estándares, que implican el resguardo de los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad y de rendición de cuentas», agregó Contreras.
Además, manifestó que «desde el INDH reiteramos que el uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, conforme a los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. Por lo demás, la anterior es una regla elemental que debe cumplir un Estado democrático, como parte de sus deberes para garantizar que todos quienes habitan en nuestro país puedan hacerlo de manera libre, protegida y segura».
«El INDH reitera lo que ha señalado anteriormente: el derecho a la seguridad es también un derecho humano, que exige para su garantía mínima una regulación del uso de la fuerza. Por eso, las modificaciones al proyecto son un grave retroceso en las garantías de protección de los derechos fundamentales», añadió
«Fieles a nuestro mandato, instamos de forma respetuosa y firme a los poderes colegisladores para que reconsidere las disposiciones en el avance del trámite parlamentario. Así, se podrá asegurar una regulación del uso de la fuerza compatible con los estándares internacionales y el deber del Estado de proteger la vida, la integridad física y la dignidad de todas las personas», cerró.
